Cuenta regresiva, 24 meses y contando

Los retos en seguridad vial para el actual gobierno que se convierten en un reloj que avanza.

Hace unos días mientras atendía virtualmente a una sesión de la comisión que estudia el proyecto de Ley “Estatuto para la Seguridad Vial” en el Congreso de la República, surgió un debate entre varios de mis contactos de WhatsApp quienes entablaron un grupo alterno de discusión para tratar ese gran tema desde diferentes ópticas, con mayor profundidad y conocimiento de las que dejaba entrever la transmisión senatorial.

Esa amena discusión se nutrió de académicos, delegados de organismos de cooperación, técnicos que un día tuvieron asiento en los grupos de decisión gubernamental –y alguno que aún lo tiene-, dirigentes gremiales y servidores públicos que ejercen autoridad territorial en la materia.

Concordamos que aunque el tratamiento del tema en la comisión del Senado era empalagoso, pues quien estaría en desacuerdo con promulgar leyes que con atavío de “salvadoras” de vida en la vías nacionales atiborradas de imprudencia; nuestra discusión debería ser sobre la necesidad de hacer nuevas leyes para mejorar la situación de la seguridad vial en Colombia, cuando podría ser que hacer cumplir las vigentes sirviera igual, sin restar en absoluto relevancia al proyecto de Ley, celebrando que se de tratamiento de primera a la seguridad vial, y por ello bienvenido el estatuto de la seguridad vial y todos los proyectos  de ley que vengan detrás para hacernos hablar y discutir sobre seguridad vial.

Varias fueron las inquietudes del grupo sobre el estatuto que arrancó tramite en el Congreso, unas gruesas, otras más finitas y muchas además sobre las grandes ausencias que se encuentran (o mejor que no se encuentran) en su articulado.

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De las primeras, el acercamiento a la tipificación penal de muchas conductas viales, encienden alarmas ante lo que podría significar en la práctica llenar cárceles, o mejor las URI, de conductores que sobrepasaron la velocidad permitida. De las finitas no dejó de dar vueltas y vueltas por el chat la pregunta sobre cual intención se persigue al llevar al Director o Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al “olimpo” del Palacio de Nariño, en un país donde la acción del Estado en relación con la gestión de la seguridad vial ya fue indicada por el legislador magistralmente y sin vanidades, en la Ley 1702 de 2013 con la que nació esa entidad, dándole categoría de Unidad Administrativa Especial en orden a su misión principal.

Sobre este asunto solo pudimos especular que el autor del proyecto del Estatuto o su equipo de colaboradores quizás creen que a la Agencia Nacional de Seguridad Vial le falta roce político, por encima de una técnica administración del Fondo Nacional de Seguridad Vial que le fue encargado. Esto último fue lo que más extrañamos en el Estatuto, profundizar sobre la ejecución del Fondo Nacional de Seguridad Vial que a diario engorda con el 3% de todo SOAT vendido y el 1.5% de toda revisión tecnicomecánica, examen de reconocimiento a conductores para su licencia de conducción y todo curso de seguridad vial tomado en el país para acceder al descuento en el pago de las multas de tránsito, Fondo del que públicamente solo se sabe por líos en su manejo.

Antes de terminar aquella discusión alterna, saltó una pregunta muy interesante: ¿Qué hacer en esta segunda mitad de gobierno para mostrar resultados claros y contundentes que no sean “logros” únicamente de la interpretación estadística?

Alguien sugirió repetir la receta de 2017 con el programa “Salvando Ando” con la que se quebró la pendiente de crecimiento a la muerte vial. Un programa que vinculó a las regiones con la problemática de la morbifatalidad vial nacional sobre la base de 22 circuitos de seguridad vial en donde sucedía el 60% de las muertes y el 80% de las lesiones viales. Con tres elementos operativos claros, institucionalidad, corresponsabilidad e intervención, se recorrió el país llevando la institucionalidad (viajaban en grupo  coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la DITRA de la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte) para atender a las autoridades locales y ofrecer apoyo; al tiempo que se construían y firmaban Pactos Locales por la Seguridad Vial con la participación de transportadores, gremios locales, fuerzas vivas de la sociedad civil, asociaciones de víctimas y colectivos de actores viales (motociclistas y ciclistas); mientras se hacían (no prometián) intervenciones de amoblamiento y señalización en algunos de los puntos más peligrosos de la malla vial de los municipios integrantes de cada circuito, dando origen al plan “Pequeñas Grandes Obras” que increíblemente pasó de aperitivo en 2017 a plato fuerte en la Agencia actual.

Mi visión particular es que se deben gestionar integralmente todas las funciones que la Ley confirió a esa entidad como máxima autoridad en seguridad vial (Planificación-Regulación-Información-Control-Campañas de Concientización y Educación-Infraestructura-Coordinación y Consulta-Consultivas), dejando lo que parece una exclusiva dedicación a las campañas y reivindicación mediática de reducciones en la fatalidad que son producto del confinamiento más que de cualquier acción específica en materia de seguridad vial.

No es un secreto que el tiempo pasa volando, quedan dos años adelante en donde, sí es que alguna vez regresa la normalidad, se atraviesan elecciones presidenciales y eso sin duda disminuye el ritmo con que el gobierno consigue sus metas. De golpe sea por eso que debemos entender como buena nueva el convenio por cinco años entre el gobierno y Bloomberg Philanthropies, anunciado como acción para conseguir “una seguridad vial más equitativa y más incluyente” que  le permitirá a la Agencia de Seguridad Vial llegar a cada rincón del país con “estrategias diferentes y adecuadas para cada región”, desde la experiencia conseguida en Bogotá en la pasada administración del distrito. ¿No se podía conseguir ese objetivo con la institucionalidad y sociedad civil nacional?  Habrá quienes creen que a toda Colombia le sirva la receta bogotana, así venga en empaque extranjero.

Amanecerá y veremos para donde agarra la seguridad vial nacional en dos años que le quedan al Presidente Duque, le deseo lo mejor de corazón.

El saludo de siempre, Manejensebien !

Por: Enrique López

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