Gobierno Nacional lanza línea de crédito para apoyar los Sistemas Integrados de Transporte Masivo  

 

  • La línea de crédito está dirigida a las siete ciudades del país que cuentan con Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), y los créditos serían tomados por las entidades territoriales, que deberán usar los recursos para financiar el déficit operacional de los sistemas durante el estado de emergencia económica, social y ecológica.
  • El artículo 5 del decreto 575, expedido por el Gobierno nacional el 15 de abril de 2020, permite la creación de esta línea de crédito, que le da la posibilidad a los entes territoriales de incurrir en créditos para solventar las necesidades que se han presentado por la baja demanda de pasajeros en los diferentes sistemas.
  • El cupo de la línea de crédito directo asciende a 645.000 millones de pesos. Findeter será la entidad encargada de estudiar cada solicitud y realizar el desembolso, sin la intermediación de los bancos comerciales.

El Gobierno nacional, con el objetivo de aliviar el déficit financiero de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) del país generado por la pandemia del COVID-19, lanzó la línea de crédito directo ‘Compromiso Sistemas Integrados de Transporte Masivo’. Esta línea, fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Findeter, puede ser adquirida únicamente por las alcaldías municipales como Entes territoriales de las siete ciudades capitales donde operan los SITM.

Los recursos de la línea deben ser usados por las administraciones locales para financiar el déficit operacional de los SITM, teniendo en cuenta las necesidades que se han presentado durante la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19. El monto asignado es de 645.000 millones de pesos.
Findeter, será el responsable de hacer el desembolso de manera directa a las entidades territoriales donde operan los siete Sistemas Integrados de Transporte Masivo, sin la intermediación de los bancos comerciales. Estos créditos, que serán usados para financiar los costos de operación, tendrán plazos de diez años, más tres años de período de gracia y la tasa de interés IBR +2,3 mes vencido.

Para la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, “esta buena noticia se debe al trabajo conjunto que hemos realizado con el Ministerio de Hacienda, que ha estado comprometido en unir esfuerzos para que los Sistemas de Transporte Masivo continúen prestando este servicio esencial para todos los ciudadanos. La línea de crédito está amparada en el Decreto 575 del 15 de abril, que en el artículo 5 da la posibilidad, tanto a los entes territoriales como a los entes gestores, de incurrir en créditos para solventar las necesidades de liquidez con garantías de la Nación”.

El Ministerio de Transporte emitirá el certificado de potencial beneficiario (CPB) a los entes territoriales, acorde con las necesidades que tienen actualmente los sistemas para financiar el déficit operacional que se ha presentado durante este período.

“Somos conscientes de las afectaciones económicas que los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en el país han sufrido por la pandemia del COVID-19. Por eso, junto con el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte hemos diseñado esta línea de crédito directo que les permite cubrir los menores ingresos y continuar prestando su servicio», aseguró la presidenta de Findeter, Sandra Gómez Arias.

Esta línea de crédito, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, permitirá a los Entes Gestores de los sistemas TransMilenio, de Bogotá; Transmetro, de Barranquilla; Transcaribe, de Cartagena; MIO, de Cali; Megabús, de Pereira; Metroplús, de Medellín, y Metrolínea, de Bucaramanga, de cubrir los costos de operación requeridos para tener continuidad en la prestación del servicio en medio de las dificultades que ha generado la pandemia.

La vigencia de la línea de crédito será hasta el 31 de diciembre de 2020. Se trata de la segunda oportunidad de crédito directo que Findeter pone a disposición de diferentes entidades del país para hacer frente a los efectos de la pandemia. La primera iniciativa fue dirigida a las empresas de servicios públicos domiciliarios que prestan los servicios de acueducto, aseo, energía y gas combustible.

 

 

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