Varios han sido los temas sobre los cuales los diferentes gremios del sector de transporte de carga hacen un constante y repetido llamado de atención a las autoridades que les compete tomar decisiones para mejorar las condiciones de trabajo y competitividad de transportadores y floristas. Los gremios de transporte público terrestre automotor, miembros de la mesa técnica sobre la política nacional de combustibles, se oponen a cualquier incremento en el precio del combustible como sucedió el pasado primero de abril.
Por los argumentos expuestos por la totalidad de los gremios miembros de la mesa, se ha demostrado, según ellos, fallas sistemáticas y técnicas en la aplicación de la fórmula y la inconsistencia de la misma, en el precio de referencia internacional el cual no aceptan por ser Colombia un país productor, que no ha contado con la voluntad del gobierno ni de Ecopetrol, en la refinación del combustible necesario para la operación del transporte de servicio público del país, manifiestan.
«La situación del transporte en general es crítica, el combustible es el mayor rubro en nuestra canasta de costos y es necesario repetir que no aceptaremos ningún tipo de alza en los combustibles, hasta tanto la mesa técnica que se viene realizando, arroje resultados que nos lleven a la modificación de la fórmula y el cobro final del precio justo para todos los colombianos», dice textualmente la comunicación firmada por representantes de gremios como ACC, ATC, Asecarga, entre otros.
Por otro lado, la CONFEDERACION COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES en lo últimos días difundió un comunicado para reiterar su queja sobre los precios de los combustibles, llantas e insumos, que tienen un alto impacto en la economía colombiana, y solicita puntualmente una rebaja de $2.000 en el galón de gasolina y ACPM, la definición de una política de precios de los mismos, el desmonte del Dumping a las llantas chinas del 42% dando apertura a una nueva importación, entre otras.
También hace un llamado al Ministerio de Transporte a regular e intervenir la cadena logística del transporte implementando nuevamente una tabla de fletes por tipología de camiones acorde a los costos de operación reales, como salvaguardia a los propietarios independientes, mas aun cuando el nuevo esquema de costos SICE no refleja la rentabilidad mínima atentando contra la propiedad privada y el derecho al trabajo conllevando a afectar el salario de los conductores y el pago de su seguridad social y poniendo en riesgo la sostenibilidad de los tres millones de trabajadores indirectos que dependen de la cadena transportadora, mecánicos, auxiliares, lavadores, cotejos, hoteleros, restaurantes, parqueaderos, etc.
Solicita también la asignación de un cupo de crudo para transportar, por parte de Ecopetrol a no menos de 10.000 tractocamiones cisternas que fueron solicitadas por la industria petrolera y que debido a la falta de infraestructura por parte del generador han producido un impacto logístico, disminuyendo el número de viajes y aumentando tiempos muertos que tienen que pagar los mismos remitentes.
Por su parte, Colfecar en un comunicado explicó que el sector afronta una aguda crisis, la cual es agravada por la ilegalidad, la sobrepuerta de habilitaciones y la desorientación en el nuevo esquema de relaciones económicas. En un documento enviado a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, los transportadores piden que se avance rápidamente en el establecimiento del esquema de libertad vigilada y el control a la sobre oferta de habilitaciones de vehículos para la prestación del servicio.
El presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), Juan Carlos Rodríguez Muñoz, considera que el Ministerio de Transporte «debe aplicar inmediatamente dicho esquema previsto en la regulación vigente y fijar el valor a pagar mínimo y el flete en aquellos mercados relevantes (ruta origen-destino por tipo de operación) que lo requieren, y en las condiciones previstas en ellas».
«Este mecanismo no se puede soslayar conforme lo establecido en la regulación vigente que determina la intervención del ministerio de Transporte por el término de 12 meses por fallas del mercado y su control por la Supertransporte, siendo especial y mandatorio, y diferente al de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas en materia de competencia», sostuvo.
Rodríguez denunció que el aplazamiento de esta figura ha generado un libertinaje en materia tarifaria. Además, esta situación ha propiciado la compra y venta de manifiestos de carga y la prestación de servicios de transporte prescindiendo de la empresa habilitada. El dirigente invitó. a la ministra a definir las herramientas para tener una información transparente y oportuna, lo que permitirá no solo hacer un monitoreo a los fletes, sino establecer el valor a pagar. Además, el mecanismo de intervención cuando sea necesario, lo que generará tranquilidad en el mercado.
