Un importante día para la seguridad vial en Colombia fue el 11 de marzo de 1938. Desde ese día, gracias al Decreto 463 firmado por el Presidente Alfonso López Pumarejo y su Ministro de Educación José Joaquín Castro, se hizo obligatorio “suministrar enseñanza en reglas de circulación” a estudiantes universitarios y escolares en Bogotá. Un dato refundido en la historia de nuestra Nación.
En los más de 80 años que han pasado desde 1938, cientos de miles de personas han muerto en las vías del país; tantas que sobrepasan cualquier estadística generada por otra causa violenta a lo largo de este periodo. Ningún conflicto armado regular o irregular en Colombia ha producido tantas víctimas; el conflicto armado interno en 60 años no llega aún a 280.000 muertes según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, mientras que en los últimos 10 años más de 60.000 personas fallecieron como consecuencia de un incidente vial. ¿Son estas las cifras de un país que educa a su población en seguridad vial? La increíble pero cierta respuesta que debemos dar a la memoria del Presidente López es que Colombia no ha educado antes, ni educa hoy en seguridad vial a sus hijos, conviviendo con la fatalidad vial como algo natural, sin darse cuenta que la desangra y empobrece diariamente.
Además de la deuda educativa que en materia de seguridad vial mantiene el país con López Pumarejo, es una casualidad que la división de poderes en el Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, también sea una herencia suya. Esos poderes, cada uno en su órbita, se deben articular para que el efecto de sus decisiones, lleve orden a la comunidad por efecto de su capacidad de obligar a la sociedad a consolidar su convivencia como un bien sagrado.
El ecosistema dentro del cual nos desenvolvemos en el diario trasegar de nuestro oficio transportador se rige por las reglas que, por allá en 1945, definieron los poderes del Estado que venimos tratando; reglas que en la actualidad contradicen la obligación de cooperar entre sí de forma articulada para evitar que cada quien en la sociedad, Usted amigo lector o yo, tomemos una posición diferente sobre lo fundamental para evitar polarizar lo sagrado de la segura convivencia vial.
Vivimos esta paradoja estos días respecto a las multas de tránsito y su efecto sobre la seguridad vial en nuestro país. Nada es más incómodo que ser multado por cuenta de una infracción de tránsito. Antipáticas, inoportunas e incluso abruptas pueden llegar a ser las multas de tránsito, peor aún si son consecuencia de las malqueridas fotomultas, que no son nada diferente a una herramienta para la seguridad vial que ha sido tomada como novillo en becerrada por el populismo politiquero que se niega a proteger a las víctimas, prefiriendo cazar únicamente votos. El asunto hoy es que todos los que tenemos una licencia de conducción y ejercemos el privilegio de conducir –que no es un derecho señores- estamos en medio de un carnaval de emociones producto de las decisiones que los poderes del Estado colombiano han tomado recientemente respecto de una de las condiciones que esa convivencia sagrada debe entregar a la comunidad, la seguridad.
Convivencia segura significa vivir en ausencia de peligros y riesgos. ¿Cómo entender entonces los pronunciamientos del poder judicial representado por la Corte Constitucional en su sentencia 038-20, que en la práctica vial termina amparando los derechos de aquellos que violan las normas de tránsito arriesgando su vida y la de los demás actores viales, al perdonarles toda falta a la seguridad vial mientras la imagen que evidencia su mal comportamiento no permita su “plena identificación”? ¿Qué sentido tiene que la hermenéutica jurídica y la dialéctica política le ganen la partida a la seguridad vial, permitiendo que todo aquel que lleva un casco (de uso obligatorio para la protección de la vida) o va tras un panorámico (que por el reflejo impide la identificación del conductor en la fotografía tomada a distancia), puedan ir campantes por ahí haciendo del vehículo un arma mortal? Esa, mis queridos amigos del transporte, no es una convivencia sin riesgos ni peligros. Simplemente no lo es.
Ahora bien, independientemente del medio con el cual se ha impartido la infracción, la sanción que resulta de portarse mal en la vía es una multa; un castigo a la violación de la norma de tránsito que toca el bolsillo y hace doler la billetera. Las multas de tránsito son la fuente de recursos para la seguridad vial, la ley le ha dado a los recursos producto del recaudo de las multas de tránsito una destinación específica, un uso especial, el de la seguridad vial. Por eso es muy difícil asumir en un solo sentimiento la noticia que el Congreso de la República cacarea como un enorme logro en esta legislatura, al otorgar una amnistía del 50% más los intereses por el valor de la multa a los infractores que se pongan al día en los próximos meses, sin que sea necesario tomar el curso de seguridad vial que normalmente es necesario para obtener este jugoso beneficio. El mensaje es ambivalente, bueno para el bolsillo en estos duros tiempos, pero malo para la sociedad en donde el infractor sale en hombros pagando poco por su imprudencia.
Ante los mensajes cruzados del Estado, que desde el Ejecutivo promueve decididamente las cámaras salvavidas, los puestos de control policial y el respeto a las normas de tránsito, al tiempo que desde el poder judicial y el legislativo perdona y rebaja las sanciones; es mejor seguir llevando el volante con buen pulso, comer y descansar apropiadamente antes de conducir, revisar el vehículo periódicamente y antes de cada trayecto, dejar el celular lejos de la cabrilla; hacer pausas activas, no echarle traguito a la ruta, dejar el afán y pensar siempre, ojo siempre, que la mejor parte del viaje siempre será llegar sano y salvo a casa.
Nuestro mensaje de siempre: ¡Manejensebien!
Por: Enrique López Pinilla
Iniciativa Manejensebien por la Seguridad Vial.
Redes sociales: @manejensebien
